Las cláusulas sociales en la contratación pública como garantía frente al dumping social intracomunitario

Resumen

La contratación pública es un sólido instrumento que, cada vez más, sirve de cauce a las políticas de la Unión. El gran volumen de recursos públicos en juego justifica una reinterpretación, en clave social, de la tradicional visión económica que ha presidido dicho ámbito y a tal fin responde la previsión de cláusulas sociales en los contratos públicos. La Sentencia «RegioPost» constituye un claro ejemplo de ello. En ella, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reacciona contra el dumping social intracomunitario al priorizar los derechos de los trabajadores frente a la libre prestación de servicios. En concreto, el Tribunal considera compatible con el Derecho de la Unión una normativa regional que, de una parte, obligaba a los licitadores y subcontratistas de un contrato público a asumir por escrito en la oferta el compromiso de pagar a sus trabajadores desplazados a otro Estado miembro el salario mínimo fijado por éste y, de otra, permitía la exclusión del procedimiento de adjudicación de aquellos licitadores que se negasen a asumir dicha obligación. Pero, ¿cómo llega a dicha conclusión el Tribunal? Este comentario analiza su argumentación, formal en gran medida, y aporta algunas reflexiones de fondo críticas al respecto.