Derecho y «gobierno abierto». La regulación de la transparencia y la participación y su ejercicio a través del uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales por las Administraciones públicas. Propuestas concretas.
DOI:
https://doi.org/10.71296/rarap.522Palabras clave:
Gobierno abierto, Derecho de las nuevas tecnologías, Administración Electrónica, regulación autonómica y local, transparencia, democracia, participación, buena administraciónResumen
El Derecho viene acogiendo desde hace años principios y derechos de buena administración, acceso a la información, transparencia y de democracia participativa. Algunos van tomando forma de derechos fundamentales y los Estatutos de autonomía han subrayado este proceso. No obstante, es necesaria la concreción jurídica y la labor legislativa. Estos principios y derechos, también desde hace años, estaban fuertemente ligados a las nuevas tecnologías y la administración electrónica. No obstante, con la web 2.0 o web social surge con fuerza la noción de «Gobierno abierto». Se trata de un concepto necesitado de concreción, que incluye aquellos derechos y principios, aunque también incorpora algunos nuevos elementos. Asimismo, con esta expresión se subraya que internet y las redes sociales, y toda la cultura y nuevos hábitos que implican, son esenciales para hacer efectivos viejos y nuevos objetivos. Se considera que se trata de una buena ocasión para relanzar viejos objetivos y hay que evitar que quede en una mera moda. Para ello, el autor apuesta decididamente por la necesidad y utilidad del Derecho y de buenas regulaciones para «fijar, limpiar y dar esplendor» al gobierno abierto. Sobre esta base, se critica que la mayoría de las normas existentes tengan más intenciones simbólicas, políticas o meramente propagandísticas que propiamente jurídicas. Y frente a ello, se asientan las premisas y elementos básicos de la regulación de la transparencia y participación en general. De forma concreta, se formulan propuestas concretas de regulación del uso de las TICs y de las redes sociales por las Administraciones públicas para la participación, transparencia y difusión de información.
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