La transparencia pública: pasado, presente y futuro - Fernández Ramos , Severiano (Revista Aragonesa de Administración Pública, 2018)
Si bien desde los inicios del Constitucionalismo se impuso (al menos, en el plano teórico), como reacción al Antiguo Régimen, la transparencia en el ejercicio de los poderes legislativo y judicial, no sucedió así con el poder ejecutivo: durante casi dos siglos el principio transparencia se detuvo en el umbral de la Administración pública, considerándose que bastaba su sometimiento al principio de legalidad. Sólo en el último tercio del siglo XX empezó a abrirse una brecha a esta situación con las modernas leyes de acceso a la información pública, en un movimiento que ha alcanzado ya en este siglo XXI una auténtica escala mundial. El Estado español se ha sumado tardíamente a este movimiento, con la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a la que ha seguido una cascada de leyes autonómicas y normas de diverso rango, de acuerdo con las lógicas propias de nuestro Estado de las Autonomías. Ciertamente la ley básica estatal es manifiestamente perfectible, pero ha tenido la innegable virtud de introducir el paradigma de la transparencia en nuestro Derecho Administrativo, gracias fundamentalmente a la labor que están ya desempeñando los órganos de garantía del derecho de acceso a la información pública. Con todo, en este trabajo se apuntan algunas ideas para mejorar el actual marco legal de la transparencia pública.