¿Jaque a la contratación directa?: el controvertido régimen de los contratos menores

Resumen

La reforma de la contratación administrativa, plasmada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respondía a la inaplazable necesidad de incorporar al Derecho interno las directivas comunitarias de contratación pública de 2014, pero se ha producido en un clima de insatisfacción generalizada por la situación de la contratación pública. Por ello, la reforma ha desbordado las cuestiones técnicas, para incorporar muchas cuestiones políticas, principalmente durante la tramitación parlamentaria. Una de ellas, una regulación más garantista, desde un punto de vista procedimental, pero también sustantivo, de la contratación menor, una modalidad de contratación directa por razón de la cuantía, la única que subsiste en la legislación actual. La menor precisión inherente a la introducción de enmiendas durante la tramitación parlamentaria y un sentimiento bastante extendido en determinados medios administrativos de que la nueva regulación sólo se explicaría desde el desconocimiento del funcionamiento y necesidades de la Administración ha llevado a reinterpretaciones más o menos agresivas de los términos literales de la Ley, no desde medios profesionales, sino desde la propia Administración Pública.