Extensión de los efectos de la sentencia en la Jurisdicción Contencioso- Administrativa

Resumen

El artículo 24 de nuestra Carta Magna proclama el derecho fundamental de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva, que supone un sistema de garantías establecidas a favor del justiciable, y que se ejercita y se satisface de acuerdo con los procesos y actuaciones procesales establecidas en la Ley, entre las que figura en la Ley 29/1998 de 13 de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los supuestos de extensión ultra partem de la eficacia de las sentencias estimatorias.

La Ley 29/1998 prevé la extensión de efectos de sentencias estimatorias de pretensiones de plena jurisdicción, pero con alcance limitado a materias de personal y tributarias en su artículo 110; el sistema alternativo de elección de uno o varios procesos testigos para la ulterior extensión de efectos ultra partem de la sentencia recaída en su artículo 111 en relación con el artículo 37.2; y que la anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas desde el día de la publicación de la sentencia firme en el correspondiente diario oficial en su artículo 72.2.

La finalidad de estos preceptos es hacer frente a la situación de saturación del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que ha sufrido hasta el extraordinario el incremento de la litigiosidad, con el objeto de contribuir a «aliviar» y «descongestionar » el orden contencioso-administrativo.